El Basel Institute on Governance es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja con instituciones públicas y privadas de todo el mundo en la lucha contra la corrupción y otros delitos. Anualmente publica un ranking en el que se ordenan los países en función de las vulnerabilidades que presenten ante el blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo. En 2018, Venezuela ocupaba el número 54 de una lista de 129 países. El primero de la lista es el estado que más vulnerabilidades presenta y el último es el que menos presenta. En 2015, Venezuela ocupaba el puesto 46. Desde ese año, ha ido ascendiendo posiciones poco a poco, demostrando año a año una mayor fortaleza en la lucha contra el lavado de dinero.
Casos de lavado de dinero en Venezuela
No obstante, la inestabilidad política, social y económica de los últimos años ha provocado que hayan salido a la luz grandes casos de lavado de dinero en Venezuela. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en julio de 2018 que había en marcha una investigación judicial de una red que había comenzado a operar a finales de 2014 y que había blanqueado alrededor 1.200 millones de dólares provenientes de la compañía Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Venezuela es uno de los países con una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. El gobierno venezolano controla la petrolera PDVSA, que tiene el monopolio de manera exclusiva sobre los hidrocarburos encontrados en el subsuelo venezolano. La citada red habría utilizado el tipo de cambio preferencial existente en Venezuela que solo se otorga a personas allegadas al régimen oficialista de Nicolás Maduro para llevar cabo el fraude.
Estricto sistema de control cambiario
El pasado agosto, el gobierno venezolano derogó la ley de ilícitos cambiarios y eliminó la prohibición a la libre negociación de divisas. Esta medida ha estado en vigor durante 15 años. Se puso en marcha de manera temporal para combatir el paro que sufrió la industria petrolífera venezolana a principios del siglo XXI.
La devaluación de la moneda venezolana, ha provocado que los ciudadanos traten de protegerse mediante la adquisición de dólares. No obstante, la oferta oficial de divisas está controlada por el Gobierno venezolano. Es por tanto el Gobierno, el que fija un tipo de cambio oficial, llamado Dicom. Ante el aumento de la demanda de dólares, y la escasez de oferta que ofrecía el Gobierno, se creó de forma paralela un mercado ilegal de dólares. Este mercado reflejaba un tipo de cambio mucho más elevado que el tipo de cambio oficial, aunque era el tipo de cambio de referencia al ser el más utilizado. Antes de poner fin al control de cambios, comprar un dólar era 20 veces más caro en el mercado negro, que en el mercado oficial.
Utilización del tipo de cambio preferencial
Las empresas importadoras venezolanas necesitan dólares ya que generalmente las empresas extranjeras se niegan a comerciar con las importadoras venezolanas en moneda local debido a la inestabilidad que reina en Venezuela.
El sector privado apenas tiene acceso a la compra de divisas en el mercado oficial, ya que las arcas del Estado no pueden ofertar suficientes divisas para cubrir la demanda. Esto provoca que tenga que comprar divisas en el mercado negro, lo que a su vez genera un aumento de los precios. El FMI prevé que la inflación en Venezuela alcanzará este año el 1.000.000%. Sin embargo, el tipo de cambio preferencial del que gozaban determinados funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, les permitió comprar dólares en el mercado oficial, a un precio muy por debajo del precio en el mercado negro. Posteriormente esos dólares podían ser vendidos a un precio muy superior en el mercado paralelo, y con los bolívares obtenidos se podía volver a comprar dólares en el mercado oficial, lo que generaría grandes cantidades de dinero a la red.
Funcionamiento de la red de lavado de dinero
En un primer momento, exfuncionarios de PDVSA favorecieron salidas de dinero, en concepto de supuestos pagos a proveedores, compras y préstamos. Estas salidas de dinero van a parar a manos de empresarios y funcionarios venezolanos, que con la ayuda de blanqueadores profesionales colocan el dinero en entidades bancarias de paraísos fiscales.
Una vez que el dinero se encuentra en estas jurisdicciones, se estratifica mediante sofisticados esquemas de inversiones ficticias, para posteriormente integrar este dinero en el sistema financiero a través de la compra de inmuebles y de transacciones comerciales.
La citada organización criminal, contaba con exfuncionarios de PDVSA, que eran los que facilitaban la salida de dinero de dicha sociedad y con los receptores de dichos fondos, entre los que se encuentran empresarios venezolanos de alto nivel, tales como Raúl Gorrín, propietario de Globovisión, y familiares y allegados de Nicolás Maduro. La red necesitaba blanquear todos los ingresos obtenidos fraudulentamente de PDVSA y a través de la utilización del tipo de cambio preferencial. Para ello, se hizo necesario la utilización de profesionales especializados en el lavado de dinero, entre los que tenían banqueros, abogados, y corredores de bolsa que actúan en varios países.