Andorra y el fin del secreto bancario

En Principado de Andorra, es un país situado en la cordillera pirenaica, entre Francia y España. Tiene una superficie de 468 kilómetros cuadrados, y una población aproximada de algo más de 80.000 personas.

Aunque Andorra, no pertenece a la Unión Europea, esa situación geográfica provoca que tenga un alto grado de dependencia de la misma, y sobre todo de los países con los que limita. Prueba de ello, es por ejemplo que la Jefatura de Estado esté compartida por el Presidente de la República Francesa y por el Obispo de la comarca española de la Seo de Urgel, que el idioma oficial sea el catalán, o que no tenga moneda propia, y utilice el euro como medio de pago.

Cinco bancos componen el sector bancario andorrano, Andbank, Crèdit Andorrà, Morabanc, VallBanc y BancSabadell d’Andorra. Este sector supone un 21% del PIB del país, y acapara el 5% de los empleos, y se estima que el volumen de activos alcanza los 46.000 euros.

¿Es Andorra un paraíso fiscal?

Han sido varios los escándalos que han salpicado el sector bancario del Principado. Todos recordaremos la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales llevada a cabo por la familia Pujol a través de la banca andorrana, o la acusación por parte del Tesoro de EEUU a la Banca Privada D’Andorra al estar involucrado en el blanqueo de capitales de Rusia y de Venezuela.

A pesar de los escándalos relacionados con la mala praxis de la banca andorrana, y a pesar de que el sector bancario del Principado tiene muchas características propias de un paraíso fiscal, Andorra no está en la lista negra de España.

Tampoco se encuentra en la lista negra de la Unión Europea, aunque sí lo está en una lista gris de esta institución, que incluye a países que siendo paraísos fiscales, se han comprometido a modificar su legislación.

Para dejar de formar parte de este listado, Andorra debe cumplir tres requisitos. Uno de ellos es la certificación de la OCDE, otro es un marco fiscal homologable y el tercero es que no existan regímenes especiales para el impuesto de sociedades. Desde el inicio de la crisis económica el Principado ha llevado a cabo diversas medidas para cumplir estos requisitos.

Proceso de adaptación permanente

Hasta la llegada de la crisis económica mundial, Andorra intercambiaba información bancaria con España solamente si había un procedimiento penal que lo amparase.

Esto cambia a partir de 2010, fecha en la que ambos países firman un convenio mediante el cual las autoridades españolas pueden obtener información bancaria del Principado cuando haya una investigación fiscal abierta. Esto supone que no solo se intercambie información bancaria por procedimientos penales, sino también por tributarios.

La firma de ese convenio provoca la salida de Andorra de la lista de paraísos fiscales de España, como consecuencia de una mayor transparencia bancaria.

Pero el este proceso no acaba aquí. Como continuación del mismo, el Gobierno andorrano ha implantado un impuesto de Sociedades del 10%, con bonificaciones de hasta el 80% para ciertos sectores estratégicos, un impuesto equivalente al IVA, del 4,5%, y un IRPF del 10%.

Esta política de transparencia, ha continuado a lo largo de los años, con diversas medidas que buscan adaptar su legislación a los estándares internacionales de transparencia y cooperación fiscal.

Ejemplo de ello es que en 2015, el Principado firmó el acuerdo con España por el que levantaba la doble imposición. Posteriormente, en 2017 se aprobó por unanimidad la modificación de la Ley del Código Penal andorrano, para incluir por vez primera el delito fiscal, cuyo límite ordinario es a partir de 75.000 euros.

Es precisamente a finales de 2017, cuando el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, conocido como ECOFIN, decidió sacar al Principado de Andorra de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, para pasar a incluirlo en la lista gris, al tener todavía pendiente realizar diversos cambios en su legislación.

El final del secreto bancario

La última de las medidas alcanzadas llegó con la firma de un acuerdo en enero de 2017, mediante el cual Andorra se compromete al intercambio automático de información bancaria de los ciudadanos no residentes en el país.

Esta medida se hará efectiva en septiembre de este año, fecha en la que Andorra iniciará el cruce automático de datos fiscales con España y con el resto de miembros de la UE, así como con otros 13 países de la OCDE. Además, el Gobierno andorrano ha indicado que esa cifra superará los 80 países en 2020.

No obstante, hecha la ley, hecha la trampa. Como el secreto bancario se levanta el 1 de enero, el cliente que haya cerrado las cuentas antes de esa fecha, estará a salvo de la Hacienda española, ya que ésta no tendrá constancia de las mismas salvo que inicie un procedimiento penal como se hacía hasta ahora.

El cliente tiene varias opciones antes de la fecha límite, puede retirar su dinero en efectivo, puede guardarlo en una caja de seguridad, puede gastárselo, puede cambiar su domicilio fiscal, o puede llevárselo a un a jurisdicción donde no haya intercambio automático de información.

Aunque estas opciones también se verán limitadas en el futuro. Los bancos andorranos que aún tienen presencia en paraísos fiscales planean salir pronto de ellos, como parte del lavado de imagen que Andorra está dando a su sistema bancario.

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